| Lunes, 6 de Septiembre de 2010 | English | Iniciar Sesion | Registrate |
Todos pertenecemos al Estado y lo sostenemos con nuestros impuestos. Tenemos derechos y obligaciones. Somos a la vez públicos de medios del Estado que oímos y vemos en todo el país. Doble razón para recuperar nuestro deber de opinar sobre el anteproyecto de ley de Radiodifusión Estatal. No se trata sólo de cumplir el mandato de “Ley de Radio y Televisión” 28278 (16-07-2004) que obliga a aprobar una ley específica para estos medios desde un proceso democrático, sino de hacerlo lo mejor posible, creando un gran foro que nos ayude a definir los medios públicos que nuestro país necesita.
Este anteproyecto ya existe y fue entregado el 25 de Agosto de 2008 a la PCM, producido por una comisión multifacética, fundada por el Primer Ministro anterior. Con años de retraso con respecto a la ley general base, inició su trabajo obteniendo al año cierto consenso de la mayoría de sus integrantes aunque con discrepancias importantes. El cambio surgido en la PCM retrasó su discusión pública y descentralizada. Debe desarrollarse pronto una polémica nacional al respecto, para que esta propuesta pase al Congreso de La República.
Debemos cuidar la calidad plural del debate, abriendo la participación de partidos políticos, congresistas, medios de comunicación, periodistas, académicos y especialmente ciudadanos del país, siempre en búsqueda de consensos. No debemos circunscribirnos a la propuesta legal, sino ayudar a gestar una cultura política democrática, en línea contraria a proyectos populistas que circulan por Latinoamérica, donde el caudillo es dueño de los medios públicos. El Estado es un sistema democrático de organización del poder, en el que todos estamos incluidos y son los gobiernos quienes dirigen y administran su funcionamiento en bien de la sociedad. En este caso se trata de abrir de manera descentralizada toda participación posible: talleres, debates mediáticos, columnas, noticias, encuestas. Debemos llevar la discusión a plazas y calles públicas con seguimiento mediático. Siempre destacando la pertenencia del ciudadano al Estado, motivando diálogo con los gobiernos. No es fácil pero no imposible. Debemos apostar a que sea el tema prioritario de la agenda pública de estos meses.
El anteproyecto trae novedades positivas: se crea un sistema general de Radiotelevisión Pública; se da acceso a frecuencias a los medios locales y regionales en una perspectiva de autonomía descentralizadora; se valora la participación ciudadana mediante defensorías de oyentes y televidentes, entre otros avances.
Sin embargo, es una ley contradictoria, repetitiva y desordenada, hasta mal redactada. En sus principios es democrática pero en sus normativas específicas sigue llamando al sistema IRTP, estando medios regionales y locales sin competencias específicas referidas a descentralización. Hay una excesiva intervención gubernamental quitándole poder al directorio, al punto de comprometer al Presidente de la República en nombramientos. Hay instancias intermedias que burocratizan su ejercicio, como ese advenedizo comité de coordinación. Tampoco es posible que el presidente del directorio sea también director ejecutivo acumulando poder. La institucionalidad no subraya eficiencia y calidad comunicativa en programación. Neutralidad y pluralidad debe generalizarse, no sólo para procesos electorales. En el directorio no hay representantes de medios municipales y sólo uno regional. Es extraño, también, que se otorgue tantos años para el defensor de las audiencias. La propuesta está lista para su discusión. Y no podemos fallar.