28-11-2018 | En este proceso electoral regional y municipal han participado 44,915 mujeres a los diferentes cargos de elección popular, representando casi el 39.5% del total de candidaturas[1]. Muchas de estas mujeres han afrontado a lo largo de la campaña situaciones de acoso político, afectando su integridad física, dañándolas emocionalmente, involucrando inclusive a su entorno familiar.

La campaña “¡Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso!”, que venimos impulsando conjuntamente entre Calandria, Flora Tristán, Manuela Ramos y la Red Nacional de Mujeres autoridades, ha registrado y exigido que se investiguen estos casos.

Se trata de mujeres que han sido amenazadas de muerte, a través del uso de arreglos florales fúnebres, colocación de un ataúd y quemado de la puerta de su casa, de la entrega de planfletos debajo de sus puertas, las candidatas han recibido también amenazas verbales, han sido difamadas, insultadas a través de la prensa y de las redes sociales, haciendo uso palabras soeces y con connotación sexual, otras  mujeres  han sido violentadas físicamente,  y a otras se les ha faltado el respeto con preguntas impertinentes por parte de periodistas machistas. Como sabemos, en todos los casos, el acoso tuvo la única finalidad de obstaculizar sus candidaturas y expulsarlas del ámbito político, espacio que sigue siendo mayoritariamente masculino, donde prima la cultura machista, y donde los candidatos y líderes políticos se resisten a democratizar el poder y avanzar hacia la paridad.

Para conocer los casos de las mujeres candidatas que han vivido acoso político puede revisarse las publicaciones del Facebook de la campaña (https://www.facebook.com/paridadperu/), espacio virtual donde se visibilizan estos lamentables hechos y se apoya las denuncias de las víctimas.

Valiosas mujeres, como las candidatas al Gobierno Regional de Huancavelica, a la alcaldía provincial en Azangaro Puno[2]; alcaldía provincial de San Román Puno[3]; alcaldía provincial de Ilo, Moquegua. Y a nivel distrital, a la alcaldía distrital de Antaparco, Huancavelica, distrital de Chisquilla de Amazonas,  candidata a alcaldía del distrito el Tambo[4] y alcaldía de Hualhuas en Junín, alcaldía de Carhuaz[5],  y varias candidatas a regidurías distritales de Lima (Surquillo,  Pueblo Libre), ente otras candidatas, han dado cuenta de cómo el acoso político las afectó, pero no quebró su voluntad de continuar aportando al desarrollo de sus comunidades y a su lucha por el derecho a la participación política de las mujeres, en igualdad y libre de violencia.

Muchas de estas mujeres han sido electas y en enero del 2019 iniciarán su gestión. Es probable que vuelvan a enfrentar nuevas situaciones de acoso político.

Esta proyección la hacemos considerando que el acoso político es una modalidad de violencia que se repite de manera sistemática a lo largo de la trayectoria política de las mujeres en los espacios locales y regionales.

Para sustentar esta afirmación, compartimos brevemente algunas conclusiones de un reciente estudio[6] desarrollado por el CMP Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, que tuvo como muestra 295 encuestas a mujeres autoridades en ejercicio (periodo 2014 – 2018)[7].

Pudimos constatar que el 40% expresó haber sido víctima de acoso político durante su participación. A pesar de que ya se identificó esta modalidad de violencia, aún el 63% de mujeres no reportan estos actos. Y quienes sí reportan, lo hacen en sus propios concejos municipales (32.7%), seguido de los medios de comunicación (28.6%).

Una de las razones por las que no se reportan los casos de acoso político es porque no reciben atención efectiva, las entrevistadas señalan que no se sancionó o se tomo medidas frente a su denuncia. Solo el 8,3% de personas que ejercieron violencia contra las mujeres autoridades fueron amonestados.

En las recientes elecciones han salido electas 3280 mujeres[8]: 48 consejeras regionales que representan el 18,2%; 7 alcaldesas provinciales que significan el 3,8%; 81 alcaldesas distritales, que representan el 4,2%; 445 regidoras provinciales que representan el 26% y 2699 regidoras distritales que representan el 30.8%.  Mujeres autoridades cuyos derechos políticos debieran ser garantizados por el Estado.

Si bien es cierto, consideramos de suma importancia el avance que hay en regiones como San Martín, Junín, Puno, Amazonas y Ayacucho, donde ya se cuenta con ordenanzas regionales para prevenir, atender y sancionar el acoso político -esfuerzos promovidos en su mayoría por las Redes de Mujeres Autoridades en alianza con nuestras instituciones. Es imperativo que el Congreso de la República debata y apruebe la ley, que sigue siendo una deuda con las mujeres.

Ordenanzas regionales

• Acuerdo Regional N° 006-2013-GRP-CR-Puno
• Ordenanza Regional N° 0005-2014-GRSM-CR-San Martín
• Ordenanza Regional N° 211-GRJ-CR-Junín
• Ordenanza Regional Nº 006-2018-GR Puno-CRP
• Ordenanza Regional N° 421 Gobierno Regional Amazonas/CR
• Ordenanza Regional N° 003-2018-GRA/CR-Ayacucho
• Ordenanza Regional N° 001-2018-GRA/CR-Ayacucho

Desde la campaña “¡Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso!”, queremos recordar que los Organismos Electorales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, la Red Nacional de Mujeres Autoridades, diversas organizaciones de mujeres de sociedad civil que el 76% de la ciudadanía[9] respaldan la aprobación de la ley de prevención y sanción del acoso político hacia las mujeres. Esperamos que las y los congresistas retomen en la agenda legislativa el debate de la ley[10], y que su aprobación no tenga que esperar de nuevos y nefastos casos de acoso político contra las mujeres autoridades recientemente electas.