11-11-2020 | Ante la grave crisis política, social y sanitaria que afronta el país, los abajo firmantes profesores, profesoras y profesionales de la comunicación de diferentes universidades y organizaciones de sociedad civil, expresamos lo siguiente:

1. La decisión adoptada por el Congreso de la República de vacar al presidente Martín Vizcarra es inconstitucional y carece de toda legitimidad, pues se ha basado en una interpretación forzada de la causal de vacancia por incapacidad moral prevista en la Constitución. El presidente Vizcarra debió terminar su mandato y luego ser investigado, juzgado y eventualmente condenado por las graves denuncias de corrupción en su contra.
2. El gobierno presidido por el señor Manuel Merino, que emana de un parlamento desprestigiado, no garantiza la independencia y el equilibrio de poderes, condición básica para el funcionamiento de la democracia. Están en grave riesgo la realización de las elecciones generales convocadas para abril del próximo año, la vigencia de la Ley Universitaria, el funcionamiento de la SUNEDU así como un proceso transparente y meritocrático de selección de miembros del Tribunal Constitucional, el enfoque de género en la educación, entre otros temas relevantes para el fortalecimiento de la democracia en el Perú.
3. En defensa de las libertades de expresión e información, rechazamos la represión desatada por las fuerzas del orden en contra de ciudadanos que ejerciendo un derecho constitucional han salido a la calles a protestar por lo que consideran es un atropello contra la democracia. Rechazamos también la injustificada violencia desatada contra varios colegas periodistas cuya función es ofrecer información plural sobre los graves sucesos que vienen ocurriendo en el país.
4. Es imprescindible recuperar el cauce democrático y evitar que los intereses políticos y económicos que, en coincidencia con el abordaje periodístico desplegado en las últimas semanas por algunos grupos mediáticos, precipitaron la vacancia y buscan obtener beneficios particulares.
5. Exhortamos a las instituciones y fuerzas democráticas del país a encontrar una salida concertada a la crisis política a través, por ejemplo, del Acuerdo Nacional, de modo que se garanticen condiciones básicas de viabilidad política, social y económica hasta la instalación de un nuevo gobierno, en julio de 2021, producto de una elección democrática.