06-03-2020 | Frente a los últimos casos de feminicidio (caso Solsiret Rodríguez) y violencia de menores (caso C.) diferentes medios de comunicación, tanto programas periodísticos, como de espectáculos en la televisión vienen realizando una cobertura y tratamiento informativo que no permite analizar adecuadamente la problemática central: la vulneración de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas.

En el caso de la desaparición y muerte de la activista Solsiret Rodríguez, los programas periodísticos entrevistaron a sus familiares sin respetar su dolor. Asimismo, distintos informativos resaltaron detalles de su muerte, incluso han presentado la copia del parte policial y la bolsa de papel donde se encontraron sus restos. Todo lo anterior, en honor a la exclusiva periodística. Queda claro que todos estos elementos no forman de un tratamiento informativo con enfoque de género, sino que contribuyen a exacerbar el morbo que solo desea vender y no contribuye a prevenir o sensibilizar sobre esta problemática.

En el caso de la muerte de la niña C., de 4 años, raptada y asesinada por un adolescente, distintos programas reiteran el enfoque anterior, incumpliendo lo estipulado por la Ley de Radio y Televisión (Art. 40. Horario Familiar) y el Código del Niño y Adolescente (Art. 6) al exponer la foto de la niña en varias ocasiones, utilizar un lenguaje morboso al referirse al caso, realizar dramatizaciones sobre cómo se pudo haber realizado el asesinato; reforzando estereotipos de maternidades y asignando responsabilidades a personas del entorno familiar de la niña. Se convierten así en jueces y policías, mas no medios de comunicación que ayudan a prevenir, comprender y orientar sobre la problemática creciente de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria hace un llamado a los diferentes gremios periodísticos, a los dueños de los medios de comunicación, así como a los editores, conductores y reporteros a revisar la reglamentación vigente como la Ley de Radio y Televisión, el Código del Niño y Adolescente y la Ley 30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

En esta última ley, el artículo 125 precisa las obligaciones de los medios de comunicación en relación con las víctimas, señalando que “los medios de comunicación contribuyen a la formación de una conciencia social sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y la enfocan como una violación de los derechos humanos, que atenta contra las libertades y derechos fundamentales de las víctimas”.

Las y los periodistas requieren hacer una revisión crítica de su desempeño en la cobertura y conducción de programas noticiosos, y los medios de comunicación analicen y asumen nuevos enfoques en la generación de contenidos y el tratamiento informativo, especialmente de los programas de entretenimiento y magazines, los cuales siguen cosificando el cuerpo de las mujeres y reforzando la violencia simbólica. Los medios de comunicación contribuyen así a un nuevo tipo de violencia: la violencia mediática y no aportan en interpelar estereotipos y prejuicios de género.

Sin embargo, no dejamos de reconocer que en el país existen periodistas, mujeres y hombres, que están comprometidos con la lucha contra la violencia de género, quienes asumen el periodismo con compromiso ético y profesionalismo. En este momento de emergencia que vivimos, recordamos que los medios de comunicación forman parte de la sociedad, no están fuera de ella, y como tal, deben contribuir a fortalecer la democracia con equidad e igualdad de género.

ACS Calandria