24-09-2021 | La maternidad en la adolescencia, en la mayoría de los casos, trae consecuencias negativas e irreversibles ya que el proyecto de vida de la adolescente cambia, sus aspiraciones educativas y laborales se truncan y su dependencia económica puede incrementarse. Durante la pandemia del Coronavirus las adolescentes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud, especialmente, a los de salud sexual y reproductiva, incluido información, consejería y acceso a métodos anticonceptivos.

De acuerdo al Ministerio de Salud, en el 2020, se atendieron 47,376 partos de gestantes adolescentes de 15 a 19 años y 1 181 partos de menores de 15 años; 26 eran niñas menores de 10 años, cifra que se ha triplicado a comparación de años anteriores. Ante estas cifras, es importante que el Estado garantice la entrega del kit de emergencia a víctimas de violación sexual, de forma oportuna y sin restricciones. En el 2020 se entregaron 1 325 kits de emergencia a víctimas de violencia sexual, frente a las 5 516 denuncias de violaciones reportadas por la Policía Nacional.

Es innegable entonces que la pandemia del Coronavirus, que llegó al Perú en marzo del 2020, viene afectando indudablemente más, a las adolescentes del país. Por ello, la semana de la prevención del embarazo adolescente, si bien llega nuevamente en un momento complicado de salud; representa una valiosa oportunidad para poner en agenda el tema de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y destacar al embarazo adolescente como un problema social y de salud pública que evidencia la desigualdad, la injusticia social y una clara violación de los derechos humanos, con un impacto social y económico y cuya atención y prevención en pandemia se ha visto reducida a algunas teleconsultas por parte del Estado.

“Los esfuerzos de la prevención y discusión de nuevas miradas de enfoque sobre el embarazo adolescente no solo deben involucrar a las mujeres, autoridades, líderes sociales, sino también a la ciudadanía, colectivos, a los medios de comunicación y a las instituciones de la sociedad civil. Todas y todos somos llamadas/os a trabajar para aportar a la igualdad de género, porque solo así podremos convivir en democracia, con justicia y con oportunidades para el ejercicio pleno de nuestros derechos”, destacó Lourdes Sandoval Chaupe, directora ejecutiva de ACS Calandria.

A continuación, presentamos algunas agendas pendientes para los sectores involucrados en la prevención.

GOBIERNO NACIONAL

• Visibilizar el embarazo en la adolescencia, sus causas y su impacto social y económico, además de los grupos más afectados, con datos desglosados, informes cualitativos y estrategias diferenciadas que permita dimensionar todo el panorama.
• Actualizar y mejorar las políticas públicas, el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo adolescentes (2013 – 2021) vence este año, con revisión de avances trianuales y presupuestos destinados desde todos los sectores involucrados en su prevención.

SOCIEDAD CIVIL

• Fortalecer en capacidades y habilidades a las organizaciones de adolescentes para que puedan ser activistas en la defensa de sus derechos ante las autoridades locales, regionales y nacionales y promover cambios entre sus pares.
• Promover nuevas miradas frente al embarazo adolescente, sin estereotipos ni mitos que deje de culpabilizar a las adolescentes, desde un enfoque de género.

GOBIERNOS LOCALES

• Priorizar la atención de salud integral de la población adolescente, que incluya la prevención del embarazo, pero también el acceso de los kits de emergencia y el aborto terapéutico si su vida corre peligro, conforme al protocolo.
• Fomentar y aprobar proyectos de inversión pública con enfoque social para actividades específicas a favor de la salud, educación, protección y desarrollo de las y los adolescentes en sus localidades.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La reacción y acción de los medios de comunicación con respecto a esta problemática también resulta necesaria, específicamente en el marco de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

• • Mejor enfoque desde la prevención, manejo de fuentes y denominar a los delitos por su nombre, por ejemplo: violación sexual.
  • Convertir la información en servicio de la ciudadanía, a través de la difusión de las rutas de atención en caso de violencia sexual a adolescentes.